El día de hoy la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, en entrevista con Jaime Chincha, recibió una llamada del público. Se trataba de una persona con ceguera absoluta, quien además de pedir ayuda económica por no encontrarse dentro de ninguno de los programas del Estado, remarcó su vulnerabilidad por el hecho de que no contaba aún con su Certificado de Discapacidad, no obstante haber iniciado su trámite ante CONADIS hace SEIS (6) AÑOS. 

Precisó que supuestamente se lo iban a entregar el 20 de marzo, viéndose impedido de recogerlo por la declaración del Estado de Emergencia, vigente desde el 14 de marzo. Así, no puede acogerse a ningún beneficio, no obstante lo relevante y manifiesto de su discapacidad.

La Ministra Sylvia Cáceres, seguramente abrumada por los enormes esfuerzos que hace desde gobierno, no atino a resolver el caso concreto de esta persona, que incluso ya contaba con fecha de entrega de su certificado, y tampoco aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre la situación de toda la población discapacitada del país ante el COVID-19, respecto de sus posibilidades económicas para afrontar lo que se viene.

Existen infinidad de casos en igual situación, cuya gestión ante CONADIS es tan tediosa y costosa que termina agotando, empobreciendo y desmoralizando a las ya desgastadas familias de los discapacitados.

Se tiene que ser absolutamente incapaz, carente de empatía y de solidaridad, indolente, egoísta e irresponsable, para demorarse seis (6) años en otorgar un Certificado de Discapacidad, y más aún si consideramos que se trata de una población vulnerable que conforma el 10% de nuestra población, es decir, 3 millones de peruanos (sus familias afectadas serían unos 9 millones de personas más, aproximadamente). Y, sin duda, se trata de una incompetencia de responsabilidad también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y/o del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Sin el Certificado de Discapacidad no es posible acceder a los beneficios que esta población necesita, tales como ayuda económica para tratamiento de su rehabilitación (salud), becas, ayudas educativas y colegios e institutos especializados (educación), ayudas técnicas de adaptación a los puestos de trabajo (empleo), significativos beneficios tributarios (impuestos), pensiones mensuales de adultos (ingresos), ventajas para acceder a actividades culturales y recreativas, entre otras; y, la más importante -por ser un paso previo en muchos casos para hacer efectivas las demás- es que resulta imprescindible para designar a las personas que legalmente tendrán adicionalmente a su cargo al discapacitado, pues para su declaración judicial se requiere primero acreditar la discapacidad.

De qué leyes de simplificación administrativa beneficiosas para el país se puede hablar sí no incluye en la realidad, y en forma razonablemente oportuna, a los discapacitados y sus familias que conforman en 40 % de la población?

Ahora el contexto cambió, pues se requiere de una inmediata decisión política que conceda en forma simplificada (bajo declaración jurada, con fiscalización posterior, con carácter de anulable, y bajo responsabilidad penal en caso de fraude) la condición de discapacidad de estos 3 millones de peruanos, a fin de que los 12 millones de personas que conforman con sus familias puedan afrontar con dignidad las enormes dificultades económicas que trae esta pandemia del COVID-19, y mejorar sus oportunidades para prosperar y salir adelante.

(*) Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad.

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